| Este libro forma parte de una trilogía monográfica que aborda la Discapacidad, desde tres ejes vertebrales: primero, la Educación –con la obra “Educación y Discapacidad en un entorno virtual”, a cargo de grandes especialistas en esta proyección esencial de la Discapacidad: educadores, pedagogos, psicólogos e ingenieros–; segundo, la Justicia –con esta obra: “Justicia y Discapacidad en un entorno virtual”, encomendada a prestigiosos juristas de distintas ramas del ordenamiento jurídico: civil, penal, constitucional, procesal, que dan puntual información sobre las fórmulas naturales, notariales y judiciales, previstas en nuestra vigente normativa, para la provisión apoyos a las personas con discapacidad o, en su caso, para afrontar la acción y/o defensa en los distintos órdenes jurisdiccionales–; y al fin, tercero “Sociedad y Discapacidad en un entorno virtual” en la que los principales responsables en esta materia, de las más relevantes instituciones destinadas, en esencia, a la Discapacidad –así, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Derecho y Discapacidad y el prestigioso Centro de Estudios Garrigues– toman el pulso de la sociedad y dan cuenta del estado actual de la Discapacidad a los efectos de ilustrarnos sobre el alcance real de la inclusividad en nuestro país. Menos es Más en la Justicia de la Discapacidad: ¿Por qué? Esta incógnita se irá despejando a lo largo del libro que usted/tú tiene/s ante tus/sus ojos; sin perjuicio de que corresponde a los autores desvelar esta idea conjunta, resulta claro que nuestra única Jurisdicción, debe asumir, en el ámbito de la vulnerabilidad, la filosofía de la “última ratio” y el principio de la “mínima intervención”, con independencia del orden en el que opere: constitucional, civil, penal, administrativo o laboral. Y ello porque la Justicia de la Discapacidad –por su diversidad, por su heterogeneidad, por su dinamismo y por su carácter evolutivo– no puede permitirse (1) los actuales “peregrinajes jurisdiccionales” –resulta ineficiente que dos modalidades de una misma Jurisdicción civil, voluntaria y contenciosa, se ocupen, de forma prácticamente idéntica, de una misma provisión judicial de apoyos–; (2) las vigentes “servidumbres volitivas” –resulta insólito que la “voluntad, deseos y preferencias” de la persona con discapacidad queden constreñidas a la decisión de cualquier legitimado oponente para mantenerse en el expediente voluntario o caer en el tortuoso trayecto contencioso– (esta degradación de la voluntad procesal de las personas con discapacidad denominado “derecho de veto recíproco” por el gran ideólogo e inspirador de nuestra vigente Ley de Jurisdicción Voluntaria, Prof. Antonio Fernández de Buján, ha sido brillantemente abordado en el segundo capítulo de esta monografía); ni mucho menos (3) la ausencia de una unificación normativa o regulación conjunta –desde la Constitución Española (CE)–, al menos, en los ámbitos de la discapacidad –civil y penal– llamados a desarrollarse –las más de las veces, en unidad de procedimiento– cuando deba darse una respuesta judicial coherente –y generalmente, única– a una responsabilidad conjunta. |
