Durante años, los diferentes ejecutivos han hecho uso del decreto ley de forma genérica, en muchos casos amparándose en una mayoría en las cámaras que les apoyase o a través de la necesidad de llevar a cabo modificaciones para hacer frente a una crisis concreta y cuyas consecuencias, a pesar de su provisionalidad, se han mantenido en el tiempo. En este trabajo se revisa la casuística sobre el uso nacional y autonómico de esta figura, además de la doctrina constitucional que ha amparado durante mucho tiempo un uso generalizado. |