Se ha examinado una parte del Derecho financiero y tributario que se pone al servicio de la gestión del riesgo natural a través de la obtención de ingresos públicos específicos para estos fines. Otras aristas se hubieran cubierto si la perspectiva hubiera discurrido en torno al gasto público aplicado a la prevención o, incluso, al ámbito de la recuperación y gestión tras el evento. Visto el campo acotado que se ha investigado, el resultado ha desvelado una utilización actual muy moderada del instrumento económico dentro de las medidas públicas adoptadas para proteger a la población frente al riesgo natural. Son numerosas las acciones que pueden y deben adoptar las autoridades públicas, pero solo puntualmente han arbitrado mecanismos financieros específicos que garanticen su viabilidad económica, poniendo en serio peligro la propia ejecución de estas actuaciones (muchas de ellas, recogidas en los programas de medidas que se incluyen en las planificaciones específicas).
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