| El presente estudio aborda las repercusiones que sobre las entidades locales y su régimen jurídico; esto es el denominado derecho local ha tenido las modificaciones legislativas e interpretación del Tribunal Constitucional sobre éstas en los últimos años. Así partiendo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que supuso la consagración a nivel práctico, entre otras cosas, del principio de estabilidad presupuestaria recogido en la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, verdadero ?revulsivo? del derecho local, debemos destacar la incidencia que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la actividad y organización locales. Dicha incidencia se aborda tanto desde el punto de vista de las competencias, de la defensa de las entidades locales, de las entidades supramunicipales de carácter local, pasando por situaciones tales como los derechos de los concejales no adscritos o la actividad contractual de las entidades locales. |
