| resulta para explicar la necesidad de dar respuestas globales a problemas también globales. El Código Renual, de Derecho Administrativo y Procedimiento y las fallas de un sistema que se nutre de técnicas a veces insuficientes se han revelado especialmente notorias en el contexto de la crisis económica, social y por ende política de los últimos años en nuestro país. Ya no podemos sin más dejar relegado a un segundo plano el papel del ciudadano en la configuración de las políticas públicas. No es de recibo, instaurar mecanismos únicos de “auctoritas” en contextos de globalización e intercomunicación tales que soslayan con la fuerza de los hechos las premisas unilaterales del quien desea ostentar de manera unilateral el poder. La premisa Constitucional que abogaba por una soberanía nacional residenciada en el pueblo, adquiere entonces una especial significación, y se traduce en la implementación de nuevas formas de participar y de expresar la voluntad de organización diferente a la que hasta ahora hemos podido aprehender. Quizás, por ello, el letargo del jurista en dar respuesta a las dinámicas sociales, o hacerlo de manera sesgada, esté siendo el caldo de cultivo de la expresión de una nueva forma de economía colaborativa. Economía que si bien debe - situarse aún en el contexto del artículo 128 de la Constitución, que sigue sometiendo toda la riqueza del país al interés nacional, se ordena de forma auto-gestionada, implicando la participación activa de quienes proveen servicios y quienes lo reciben. Pues bien, en este contexto, en una creciente literatura que pone en valor la necesidad del uso de dispositivos que contribuyan a la generación de Big data, en aras de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y en el contexto de una creciente necesidad social, las políticas urbanas deben proponer nuevos paradigmas de gestión de los recursos públicos. |
