Sobre la Administración pesa un mandato constitucional de eficacia y eficiencia, que se extiende igualmente sobre la gestión de sus empleados públicos. Existen los instrumentos jurídicos necesarios para que el viejo y sobredimensionado aparato burocrático se reconvierta en una función pública ágil, responsable y productiva; sin embargo, como se analiza en esta obra, las cosas no cambian y la inercia de nuevo se impone. El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 diseñó un modelo flexible de empleo público, y concedió a las Comunidades Autónomas el más amplío margen competencias para regular sus respectivas funciones públicas de la forma más conveniente para atender eficazmente a sus necesidades, pero éstas son reacias a ejercer sus competencias; mecanismos como la planificación, la evaluación del desempeño y de los resultados, o la creación de la función directiva profesional, duermen en manos de los legisladores autonómicos y sus respectivas Administraciones.
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