Aun cuando la estabilidad en el puesto de trabajo ha sido una de las características tradicionalmente atribuidas al empleo público, la realidad actual muestra con rotundidad lo matizable que resulta esta afirmación, pues los costes de personal suponen un componente esencial dentro del capítulo del gasto público y su reducción una vía privilegiada para la contención del déficit. En el actual contexto de crisis, las Administraciones se están viendo obligadas a disminuir las partidas económicas destinadas al pago de sus efectivos, con el objetivo de aliviar los problemas de financiación y aligerar la falta de liquidez que padecen, situación particularmente manifiesta en las Administraciones Locales. Bajo tales premisas, axiomas que se consideraban inmutables se han visto cuestionados por las últimas reformas normativas, a partir de las cuales se ha instaurado un nuevo modelo de relaciones laborales que ha terminado definitivamente con las cautelas anteriormente existentes a la facultad de aplicar las medidas legales de reestructuración empresarial como cauce idóneo a la hora de resolver las dificultades derivadas de los posibles excedentes de personal en las Administraciones Públicas. Por un lado, el legislador se detiene en establecer la definición y justificación de los denominados despidos “estratégicos” en el marco del sector público en aras a habilitar sin reservas su ejercicio, permitiendo realizar con rapidez, eficacia y menor coste los ajustes de plantilla requeridos. Por otro, se dibujan nuevas medidas facilitadoras de las modificaciones in peius de las condiciones de trabajo y de posibles desvinculaciones de lo pactado.
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